Por Juan José Ugarte, Presidente de Corma.
Hace algunos días el Gobierno anunció el pronto ingreso de una ley de incendios; algo que como gremio esperamos permitan evitar tragedias como las que hemos vivido este verano el 2023, que ha costado la vida de 26 personas y ha significado la pérdida de casi 450 mil hectáreas.
El fuego no distingue entre bosques naturales o plantaciones productivas, y en condiciones climáticas extremas, se propagan a una volocidad aterradora. Por ello, es evidente la necesidad de reforzar planes de manejos, extender la práctica de construir anillos de protección y baja la masa combustible para evitar la propagación.
Por esto por sí solo no es suficiente, es necesario de hacerse cargo de un aspecto fundamental de nuestra realidad; y no es otra que en Chile los incendios de bosques no son una catástrofe natural -como los terremotos o las inundaciones- por el contrario son siempre resposabilidad de las personas, particularmente de algunos que aprovechan las condiciones extremas del clima para que el daño provocado sea mucho mayor.
Por ello es esencial que el proyecto se haga cargo del origen, reconozca la intencionalidad y la falta de sanciones efectivas como causas principales de estas catástrofe.
Si queremos una ley que resulte de verdad efectiva en la prevención y protección de la vida de las personas, sus bienes y la naturaleza, es necesario entregar mayores facultades al Estado para anticipar esta tragedia y desplegar antes sus capacidades para proteger a la población.
Asimismo, es necesario fortalecer las capacidades para
investigar y sancionar a los responsables -en los últimos siete años ningún
condenado por incendios ha pasado un día preso- y es sabido que la impunidad
sólo alienta a perseverar en la falta.
Estos aspectos son esenciales para el éxito de la
iniciativa, por lo que esperamos, sean plasmados en el nuevo texto legal.
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